Panorama social de América Latina
En su trigésimo primer período de sesiones, la CEPAL planteó a los países de la región la construcción de un nuevo pacto para la protección social, con el objetivo de dar cumplimiento pleno a
los derechos sociales, en el marco de una solidaridad integral que combine mecanismos contributivos y no contributivos.
En la ocasión se señaló que el principal elemento que lleva a repensar los mecanismos existentes de
solidaridad en el ámbito de la protección social es el mercado de trabajo, que no ha demostrado una capacidad incluyente, ni en términos de generación de trabajo decente ni de niveles contributivos. |
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Se sostuvo que no cabe esperar que el empleo sea el único mecanismo de acceso a la protección para la mayoría de la población a corto o mediano plazo, y que la transición demográfica y epidemiológica y los cambios de la estructura y las relaciones familiares agudizan la presión sobre los sistemas de protección social.
La construcción de este nuevo pacto social se basa en tres elementos centrales:
i) derechos explícitos, Garantizados y exigibles;
ii) la definición de niveles y fuentes de financiamiento (mecanismos de solidaridad), y
iii) el desarrollo de la institucionalidad social. Con estas propuestas se intenta tender puentes entre los derechos sociales y los criterios de política destinados a reforzar su exigibilidad en términos de mayor acceso, mejor financiamiento y más solidaridad.
En la región latinoamericana se han producido dos fenómenos de tipo sociodemográfico que plantean
la necesidad de repensar las políticas orientadas a las familias: por una parte, el creciente envejecimiento de la población debido al aumento de la esperanza de vida y, por otra, la reducción de la fecundidad. Esto supone un cambio profundo de las estructuras de población, caracterizado por un incremento de la proporción de hogares con residentes mayores y de sexo femenino.
Por otra parte, existen dificultades para redistribuir las funciones en el hogar, aun cuando la masiva incorporación
de las mujeres al mercado laboral es un proceso de cierta data. No hay un reconocimiento de los
efectos que este hecho provoca en el plano de las políticas públicas y en el ámbito familiar. En las encuestas de uso de tiempo realizadas en la región se registran grandes desigualdades por sexo en la distribución del tiempo destinado al trabajo de cuidado de niños, enfermos y adultos mayores y al trabajo doméstico. Se advierte también una elevación de los hogares con jefatura femenina, muchos de ellos monoparentales, en los que no existe una pareja con quien repartir trabajo doméstico y de cuidado.
Este diagnóstico exige un nuevo enfoque de las políticas y los programas orientados a las familias. Sin
embargo, se advierte un debilitamiento de la institucionalidad pública encargada de los temas de familia en la región y un aumento de los programas que se orientan hacia las familias como unidades de intervención. Esta situación es preocupante, en la medida que se traduce en dificultades de coordinación entre instancias gubernamentales (ministerios, consejos y otros), así como con las instituciones regionales y locales, a lo que se suma la duplicación de esfuerzos y una menor eficiencia del gasto.
Las transformaciones de la estructura familiar
La familia mantiene su importancia como institución y aparece en el imaginario social
como central en la vida de las personas, como surge de diversas encuestas de opinión realizadas en la
región.
Sin embargo, ya no es la familia nuclear tradicional y estable de antes; han cambiado su
estructura y sus funciones. Asimismo, se han modificado las proporciones de familias que se encuentran en cada etapa del ciclo de vida familiar, y sus necesidades
y aspiraciones también han variado.
Los cambios de la estructura familiar son reconocidos
por las autoridades gubernamentales, quienes destacan el aumento de la heterogeneidad de las familias atribuible al crecimiento de las familias monoparentales –especialmente
de las encabezadas por mujeres– y de las uniones libres.
Se ha reducido el modelo nuclear tradicional, y las funciones desarrolladas en las familias y en los hogares se han modificado en virtud de la participación mayoritaria de las mujeres en el mercado laboral y de las transformaciones culturales producto de la modernidad.
Estas modificaciones
ligadas a los cambios demográficos, culturales y económicos de la región exigen un cambio de enfoque de las políticas públicas que garantice el bienestar de las personas que no pueden cuidarse a sí mismas, entre otros los niños,los adultos mayores que no se valen por sí mismos y los discapacitados.
Por tanto, es preciso que los Estados diseñen políticas públicas en materia de cuidado que permitan
articular y regular una red de instancias públicas, privadas y mixtas, para lograr una infraestructura de servicios capaz de garantizar una solución a la demanda de cuidado de la sociedad.
En esa Perspectiva, resultan centrales las políticas orientadas a la articulación de la vida familiar y laboral
de hombres y mujeres.
Fuente. Cepal
